El Gobierno de Puebla expresó su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ante las investigaciones relacionadas con una presunta red de corrupción en la contratación de materiales y servicios electorales, así como por los posibles vínculos entre distintas empresas proveedoras de organismos electorales.
En representación del gobernador Alejandro Armenta Mier, el coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra, reconoció la decisión de la mandataria federal de impulsar las investigaciones correspondientes y afirmó que deben esclarecerse los hechos sin excepciones, con apego a la legalidad y transparencia.
Durante una conferencia de prensa, García Parra presentó una cronología de 27 años sobre el desarrollo de un grupo empresarial señalado por presuntamente operar mediante compañías relacionadas, algunas de las cuales han sido identificadas como posibles empresas fachada y factureras.
Como parte de los antecedentes, explicó que Guadalupe Taddei fue designada consejera electoral en Sonora en 2014 por el Consejo General del entonces Instituto Nacional Electoral (INE), encabezado por Lorenzo Córdova, y posteriormente asumió la presidencia del organismo nacional en 2023 mediante un proceso de insaculación establecido en la legislación. Por ello, señaló que su trayectoria institucional comenzó antes de la llegada de la Cuarta Transformación.
De acuerdo con la información pública presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, se identificaron al menos seis empresas presuntamente relacionadas con una red de contrataciones que habría acumulado aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos.
Entre los antecedentes expuestos se encuentran operaciones registradas en el Estado de México desde 1999, así como un contrato por 63.7 millones de pesos en 2005 que derivó en señalamientos y renuncias de consejeros electorales. También se mencionaron adjudicaciones realizadas en distintas entidades durante los años posteriores.
Por su parte, durante la conferencia matutina de este jueves, Claudia Sheinbaum explicó que la investigación surgió a partir de una revisión de fuentes abiertas y que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició acciones para inmovilizar algunas cuentas, derivado de denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación.
En el caso de Puebla, García Parra informó que se tienen identificadas contrataciones por 49.4 millones de pesos entre 2014 y 2023, mientras que durante 2024 y 2025 el monto ascendió a 129.7 millones de pesos. Indicó que estas operaciones deberán ser revisadas por las autoridades competentes.
Asimismo, señaló que la administración estatal respaldará el desarrollo de las investigaciones, respetará la autonomía de las autoridades electorales y promoverá que se hagan públicos de manera integral los contratos del Instituto Electoral del Estado (IEE).
El coordinador también destacó que el Gobierno de Puebla mantiene acciones para combatir la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas. Como parte de estas medidas, mencionó la separación de 315 personas del servicio público por irregularidades detectadas.
Finalmente, la administración encabezada por Alejandro Armenta Mier reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y el fortalecimiento de la certeza democrática, de cara al proceso electoral del próximo 6 de junio de 2027.

