La diputada Delfina Pozos Vergara presentó ante el Congreso de Puebla una iniciativa para crear un Registro Confidencial de Personal de Establecimientos de Alto Riesgo, con el objetivo de fortalecer la prevención y detección de posibles casos de trata, explotación y violencia.
La propuesta contempla que establecimientos como bares, clubes nocturnos, lugares de espectáculos, salones de masajes, hoteles, baños y vapores, entre otros, proporcionen a los Ayuntamientos información actualizada sobre las personas que trabajan en sus instalaciones.
El registro tendría un carácter confidencial y administrativo, destinado exclusivamente a labores de prevención, inspección y protección. La iniciativa establece que la información no deberá utilizarse para discriminar, estigmatizar, impedir el acceso al empleo o generar antecedentes contra las personas trabajadoras.
Buscan identificar señales de riesgo
Entre los elementos que podrían generar una alerta se encuentran los movimientos inusuales de personal, diferencias entre las personas registradas y quienes efectivamente laboran en los establecimientos, la participación recurrente de intermediarios y denuncias relacionadas con violencia o explotación.
La legisladora señaló que una alerta no implicaría que una persona sea responsable de un delito ni que necesariamente sea víctima de trata, sino que funcionaría como una señal para que las autoridades puedan realizar las investigaciones correspondientes.
La propuesta también plantea que los establecimientos garanticen a sus trabajadoras atención psicológica gratuita, especializada y confidencial, además de orientación sobre sus derechos y, cuando ellas lo decidan, canalización hacia las instituciones correspondientes.
Iniciativa contempla sanciones administrativas
El proyecto establece consecuencias para los establecimientos que incumplan con las obligaciones previstas, entre ellas la negativa para otorgar o renovar licencias y permisos municipales, de acuerdo con el marco legal aplicable.
Pozos Vergara explicó que actualmente las autoridades pueden disponer de información relacionada con las licencias y giros comerciales, pero no necesariamente cuentan con datos que permitan identificar a las personas que laboran en estos establecimientos o detectar cambios y patrones que pudieran representar situaciones de riesgo.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Puebla para su análisis y resolución.
El planteamiento busca establecer mecanismos de prevención y protección sin criminalizar a las personas trabajadoras, al tiempo que proporciona a las autoridades herramientas para detectar oportunamente posibles situaciones de trata, explotación o violencia.


