Denuncias por presuntas agresiones en Normal de Teteles llegan a la Fiscalía; 52 alumnas dejaron el plantel
Redacción
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Las prácticas conocidas como “novatadas” dentro de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán han generado un conflicto entre estudiantes, familias y autoridades educativas, luego de que exalumnas denunciaran presuntas agresiones físicas y psicológicas durante los periodos de inducción.
Durante testimonios ofrecidos ante funcionarios y medios de comunicación, jóvenes que cursaron sus estudios en esta institución señalaron haber enfrentado presuntos castigos físicos, restricciones para alimentarse y asearse, falta de descanso, retiro de objetos personales e incluso medicamentos.
El caso ya se encuentra en manos de las autoridades. El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla, Manuel Viveros Narciso, reconoció que existen 16 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) relacionadas con estos señalamientos.
Exalumnas relatan presuntos abusos
Entre los testimonios se encuentra el de Lucía del Carmen, quien aseguró haber sufrido un esguince de segundo grado y posteriormente haberse desmayado durante las actividades de inducción.
De acuerdo con su relato, pese a que ya no podía caminar, habría sido obligada a arrastrarse. Posteriormente, afirmó que fue aislada y que sus compañeras llegaron a pensar que había fallecido, mientras que su entrega a familiares se habría retrasado.
Otra exalumna identificada como Melissa relató que durante cerca de dos semanas enfrentaron restricciones para comer y realizar actividades básicas de higiene.
También afirmó que las comunicaciones telefónicas con familiares eran vigiladas, presuntamente para evitar que las estudiantes informaran sobre las condiciones que estaban viviendo dentro del plantel.
52 estudiantes solicitaron abandonar la escuela
La SEP estatal informó que 52 estudiantes solicitaron salir de la Normal Rural Carmen Serdán a raíz de la situación denunciada.
De ese grupo, 25 ya fueron reubicadas en otras escuelas normales y unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), de acuerdo con la información proporcionada por la dependencia.
A esto se suman las 16 denuncias penales que actualmente se encuentran bajo conocimiento de la Fiscalía General del Estado, instancia que deberá determinar si los hechos denunciados constituyen algún delito y establecer responsabilidades.
Padres de familia también han presentado señalamientos relacionados con el proceso para retirar a algunas estudiantes menores de edad, pues aseguran que en determinados casos habrían tenido que esperar varias horas antes de poder sacarlas del plantel.
Consejo Estudiantil rechaza acusaciones
Mientras las exalumnas y familias denuncian presuntos abusos, las estudiantes que actualmente integran la Normal Rural mantienen una postura distinta.
Integrantes del Consejo Estudiantil rechazaron las acusaciones de vejaciones y aseguraron que las bajas registradas corresponden a deserciones voluntarias, por lo que negaron que se trate de expulsiones derivadas de actos violentos.
El conflicto también se trasladó a la capital poblana, donde normalistas en activo realizaron movilizaciones y bloquearon algunas vialidades para exigir la liberación de su asesor jurídico, Alejandro Martínez Martínez, quien fue detenido el pasado 26 de agosto en la Ciudad de México por un señalamiento relacionado con el delito de despojo.
Fiscalía deberá esclarecer los hechos
Ante las versiones encontradas, el caso permanece bajo investigación y plantea la necesidad de esclarecer qué ocurre durante los procesos de inducción dentro de la institución.
Por un lado, exalumnas y familiares sostienen que algunas prácticas habrían derivado en lesiones, afectaciones físicas y psicológicas, mientras que las estudiantes actualmente organizadas defienden sus actividades internas y niegan que exista violencia sistemática.
Con las denuncias ya presentadas, corresponderá a la Fiscalía General del Estado realizar las investigaciones necesarias, recabar testimonios y evidencias, y determinar si existen responsabilidades penales.
El caso ha colocado nuevamente bajo escrutinio las llamadas “novatadas” y los límites que deben existir entre las actividades de integración estudiantil y aquellas prácticas que puedan poner en riesgo la integridad de las alumnas.
